Los hermanos El-Mann, Moisés, André y Max El-Mann Arazi, son tres de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario en México. Con más de 45 años de trayectoria, su historia empezó en e-Group, el grupo que fundaron juntos y que hoy figura entre los más grandes del país.
De esa experiencia nació Fibra Uno (FUNO), que inició operaciones en 2011 con 13 propiedades. Fue la primera empresa mexicana de su tipo en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y hoy se presenta como el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande de México y Latinoamérica, con más de 600 inmuebles en los segmentos industrial, comercial, de oficinas y de usos mixtos. Entre sus proyectos más conocidos está Mitikah, al sur de la Ciudad de México.
Cada hermano cumple un papel distinto. Moisés El-Mann es presidente y se ha destacado por sus alianzas con grandes marcas. André El-Mann es director general y el principal responsable de conseguir capital para los proyectos. Max El-Mann, miembro del Consejo de Administración, aporta su experiencia en la operación de inmuebles comerciales e industriales.
Además de los negocios, los El-Mann mantienen un compromiso con causas sociales. A través de Fundación FUNO han apoyado a instituciones dedicadas a la salud, la infancia y la reinserción social, y Max preside la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí.
Visión compartida y talentos complementarios: esa es la fórmula con la que los hermanos El-Mann han hecho de Fibra Uno un referente del mercado inmobiliario mexicano.
Corrupción: 517 denuncias, solo 53 procesados proceso de los servidores publicos
En los dos primeros años del sexenio, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha presentado 517 denuncias penales por presuntos actos de corrupción. Solo 53 de ellas, cerca del 10 por ciento, han derivado en vinculaciones a proceso. Así lo informó su titular, Raquel Buenrostro, durante la mañanera. Los expedientes involucran a 1,052 servidores públicos y 82 personas físicas o morales por delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los casos destacados figura un contrato de la extinta Policía Federal por 130 millones de dólares, ampliado con 65 millones más, que derivó en inhabilitaciones de hasta 20 años. También destacan un contrato de 80 millones de pesos, con 73 millones pagados por un servicio nunca prestado, y la manipulación de medicamentos oncológicos del ISSSTE en un almacén privado.
En el ámbito administrativo, 4,193 servidores públicos han sido sancionados, la mayoría por faltas no graves. De los 1,737 casos graves enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 95 por ciento sigue en proceso. Además, 286 particulares fueron sancionados con multas que suman 147 millones de pesos.
La presidenta Sheinbaum afirmó que las revisiones preventivas han evitado gastos por cerca de 83 mil millones de pesos en los últimos dos años.